La decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la «Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos» es un giro significativo en el contexto del fútbol ecuatoriano, especialmente en relación con la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este modelo propuesto tenía como objetivo mejorar la transparencia financiera de los clubes, incrementar su competitividad y combatir la corrupción, lo que habría permitido a los clubes convertirse en sociedades anónimas donde los accionistas, ya sean empresas o individuos, tomarían las riendas del club en lugar de los socios tradicionales.
Sin embargo, la Corte consideró que el proceso legislativo seguido para la aprobación de la ley no cumplió con los requisitos constitucionales, lo que llevó a su declaración de inconstitucionalidad. A pesar de este revés, el gobierno mantiene su facultad de presentar un nuevo proyecto de ley para abordar los temas relacionados con la transparencia y la modernización de los clubes deportivos ecuatorianos, algo que sigue siendo un tema crucial en la política deportiva del país.
El modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas ya ha sido adoptado en otros países y se esperaba que en Ecuador pudiera generar un cambio en la estructura administrativa de los clubes de fútbol, favoreciendo la profesionalización y la gestión empresarial. Sin embargo, la falta de esta ley frustra por ahora esos planes, dejando a los clubes ecuatorianos en su actual estatus legal como sociedades civiles sin fines de lucro, con los socios como los únicos responsables de la gestión del club.
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